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Ciudad de México, 4/5/2006, (IPS-Tierramerica).-
Un muro de objeciones se levanta en América Latina
contra la construcción de centrales hidroeléctricas.
En Guatemala activistas y pobladores acaban de frenar un
millonario proyecto, mientras en Brasil, El Salvador, Chile,
Honduras y México la mecha del conflicto está
prendida.
En la región hay más de mil grandes represas
de 15 metros de altura o más, que generan 10 por
ciento de la electricidad consumida en el área. Los
gobiernos, apoyados por transnacionales, proyectan construir
otras para así depender menos del oneroso petróleo,
por ahora su principal insumo energético.
El debate sobre la hidroenergía es intenso. Aunque
es valorada como una fuente renovable y limpia que permite
regular el uso del agua, también es denostada por
sus graves impactos sociales y ambientales, derivados del
obligado desplazamiento poblacional y las inundaciones que
genera.
En Guatemala, una consulta popular logró paralizar
este mes la construcción de tres hidroeléctricas,
impulsada por el gobierno y firmas locales e italianas y
canadienses a un costo estimado de 100 millones de dólares,
en la comunidad de Río Hondo, ubicada en una reserva
natural al oriente del país.
La Corte Constitucional de Guatemala validó el 4
de abril los resultados del referéndum, por el cual
los pobladores rechazaron el proyecto aduciendo que inundaría
seis mil hectáreas y perjudicaría económicamente
a 20 mil personas. Tras la resolución judicial, las
empresas están obligadas a reformular su proyecto
con nuevos estudios de impacto ambiental y socioeconómico,
y someterlo a otra consulta popular.
"El fallo de la Corte devuelve a la ciudadanía
la fe en las instituciones y demuestra que aún hay
gente decente en este país", dijo a Tierramérica
Magali Rey, directora del grupo ambientalista Madre Selva.
En México, el gobierno del presidente Vicente Fox
intenta sin éxito desde hace dos años concretar
el proyecto La Parota, una gigantesca represa de 850 millones
de dólares en el estado sureño de Guerrero,
que desplazaría a unas 25 mil personas, según
campesinos pobres de la zona que mantienen bloqueados los
accesos a sus comunidades para evitar el avance de la obra.
El no gubernamental Tribunal Latinoamericano del Agua resolvió
en marzo que el proyecto mexicano sobre el caudaloso Río
Papagayo, "debe suspenderse, ya que no demuestra los
beneficios a la población local ni su contribución
al desarrollo regional ni a la protección del medio
ambiente y los recursos naturales".
El fallo, que no es vinculante, señaló que
autoridades mexicanas, en su afán por llevar a cabo
la central, han incurrido en actos deliberados dirigidos
dividir a las comunidades campesinas.
Brasil, uno de los países con mayor cantidad de
represas en el mundo, alrededor de 600, tampoco está
libre de conflictos. Ambientalistas y activistas cuestionan
la intención del gobierno de Luiz Inácio Lula
da Silva de poner en operación dos centrales hidroeléctricas
en el río Madeira, uno de los principales afluyentes
del Amazonas.
Lula afirma que sus planes consideran de forma estricta
los problemas ambientales y sociales. Pero unas cien organizaciones
no gubernamentales, aglutinadas en el movimiento Río
Madeira Vivo, lo desmienten y prometen dar batalla.
"Creemos que las dos centrales no se van a construir,
(pues) no se ha comprobado su viabilidad económica",
comentó a Tierramérica Glenn Switkes, director
para América Latina de la Red Internacional de Ríos,
con sede en California, Estados Unidos.
Además, el embalse de las hidroeléctricas
afectará "un área de alta biodiversidad,
con 600 especies de peces y más de 700 de aves, y
el impacto para los pescadores sería enorme porque
los bagres, especie de más valor comercial, migran
por cuatro mil kilómetros desde el río Amazonas
al Madeira para reproducirse y las represas impedirían
ese ciclo", según Switkes.
Hasta los años 70, la construcción de represas
no representó mayores problemas, pero ahora, incluso
el Banco Mundial, uno de los principales financistas de
la hidroenergía, reconoce que la calidad de vida
de la mayoría de los desplazados no mejora con su
reubicación. Se calcula que unas cuatro millones
de personas al año en el mundo deben dejar sus tierras
a causa de las represas.
En América Latina la ola de oposición a las
hidroeléctricas no es nueva, pero ahora hay algo
más de virulencia en los conflictos y los potenciales
perjudicados advierten, como sucede en el proyecto de la
Parota en México, que están dispuestos a morir
con tal de evitar que inunden sus tierras y ser desplazados.
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